¿Qué son las comunidades energéticas?

Las comunidades energéticas representan un nuevo modelo de producción, distribución y consumo de energía que promueve la participación activa de ciudadanos y empresas en el proceso de transición energética. Son iniciativas colectivas en las que grupos de personas, empresas u organismos públicos se unen para producir localmente energía renovable y compartirla entre los miembros de la comunidad. Este modelo no sólo reduce la dependencia de las fuentes de energía fósiles, sino que también fomenta una distribución más justa de los beneficios económicos y medioambientales del uso de las energías renovables.

Definición, funcionamiento y tipologías

Introducidas en Europa por la Directiva RED II 2018/2001/UE, las comunidades energéticas consisten en la agregación de entidades, como hogares, pequeñas y medianas empresas o autoridades locales, que se organizan para producir y consumir energía renovable. El objetivo principal es promover la descarbonización y aumentar la sostenibilidad energética, mediante la generación de energía a partir de fuentes como la fotovoltaica, la eólica, la hidroeléctrica o la biomasa.

¿Cómo se crea una comunidad energética? El primer paso es constituir una entidad jurídica entre los futuros miembros de la comunidad, ya sean particulares, pequeñas o medianas empresas, autoridades locales o administraciones públicas. Por ley, una comunidad energética no puede tener ánimo de lucro y, por ello, la forma más común elegida como expresión jurídica es la Asociación.

El siguiente paso tras la constitución de la asociación es identificar la zona en la que instalar la planta de generación, que debe estar en un lugar cercano a quienes vayan a consumir realmente la energía generada. El funcionamiento de las comunidades energéticas, de hecho, se basa en plantas de generación de energía renovable instaladas localmente y, por lo tanto, esto implica, por ejemplo, que una empresa o un organismo estatal puede instalar una planta fotovoltaica cerca de una escuela o una planta de fabricación y compartir la energía con los ciudadanos del municipio que se han unido a la iniciativa. Hay que añadir, sin embargo, que la planta no tiene por qué ser propiedad de la comunidad: puede ser puesta a disposición por uno o varios de los miembros participantes o incluso por un tercero.

La energía producida se distribuye entonces entre los miembros de la propia comunidad, que se benefician en términos de reducción de los costes energéticos y de las emisiones de gases de efecto invernadero: cada miembro del grupo, de hecho, normalmente sigue pagando la factura de la luz a su proveedor, pero al mismo tiempo recibe una suma periódica de la comunidad energética por participar en los beneficios de la comunidad. Esto se traduce, en efecto, en una drástica reducción de los costes de los servicios públicos. Además, el excedente de energía no consumida puede venderse a la red nacional, generando ingresos adicionales.

Beneficios y retos de las comunidades energéticas

El modelo de comunidades energéticas ofrece numerosos beneficios, tanto ambientales como económicos y sociales, tales como

• reducción de emisiones: las comunidades energéticas promueven el uso de energías renovables, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO₂ y al objetivo de descarbonización;
• ahorro económico: los miembros de la comunidad pueden beneficiarse de facturas energéticas más bajas gracias a la autoproducción y el consumo compartido de energía;
• independencia energética: al aumentar la producción local de energía, las comunidades reducen la dependencia de fuentes de energía externas, estabilizando los costes y mejorando la seguridad energética;
• participación e implicación: las comunidades energéticas implican activamente a los ciudadanos en la gestión de la energía, fomentando una cultura de sostenibilidad y un sentimiento de propiedad;
• beneficios locales: los recursos económicos procedentes de la producción y venta de energía renovable permanecen en la comunidad, estimulando la economía local.

A pesar de los muchos y evidentes beneficios que las comunidades energéticas pueden aportar a la comunidad, también se enfrentan a algunos retos que no siempre son fáciles de gestionar. La Directiva europea RED II es bastante reciente (2018) y, en consecuencia, las normativas nacionales aún no están totalmente adaptadas a las realidades que abordan, lo que a menudo crea obstáculos legales y burocráticos.

Otro aspecto bastante relevante a considerar es también el de los costes iniciales. La puesta en marcha de plantas de producción de energía requiere importantes inversiones iniciales, lo que puede suponer una barrera insalvable para pequeñas comunidades que carecen de financiación y espacio suficientes para poner en marcha el proyecto.

Por último, no se puede dejar de dar prioridad a los conocimientos técnicos necesarios para gestionar una comunidad energética. Poner en marcha una comunidad energética requiere conocimientos técnicos específicos para el diseño y mantenimiento de las instalaciones, así como para la gestión de la red y la distribución de electricidad.

El papel de las comunidades energéticas en la transición energética

Las comunidades energéticas son una respuesta concreta a los retos que plantean la transición energética y el cambio climático. Al promover un modelo energético distribuido y participativo, pueden acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible, descentralizado y democrático. Además, pueden contribuir significativamente a alcanzar los objetivos europeos fijados para 2030 y 2050 de reducir las emisiones y aumentar el uso de energías renovables.